Félix Arredondo Armijo trabajó en el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) durante siete años hasta marzo de 2022. El año pasado regresó tras adjudicarse, por concurso público, la jefatura del nuevo Departamento de Estudios. En esta conversación, comparte su mirada sobre cómo la generación de conocimiento está transformando la forma en que se abordan los riesgos laborales en Chile.
Conociste la institución en 2014, cuando el área de estudios era una unidad solamente. ¿Cómo se gestó el actual Departamento?
Cuando ingresé en 2014, solo éramos dos funcionarios dedicados a la investigación. En ese entonces se creó el Departamento de Estudios y Gestión Estratégica para unificar la planificación, la estadística y el mandato legal de producir conocimiento. Hoy, con un departamento creado en 2024, nos encontramos con una estructura de seis profesionales que responde directamente a la Dirección Nacional y que incluye un área de extensión que antes no existía. El objetivo ya no es solo investigar, sino que esos hallazgos se traduzcan en mejores planes de prevención y gestión del seguro.
Generar estudios en terreno no es económico. ¿Cómo se financia y garantiza la calidad de este proceso?
La inversión es significativa. El país, a través de la SUSESO, dispone de más de 1.500 millones de pesos anuales para investigación entre todos los administradores. En el ISL hemos duplicado nuestro presupuesto de inversión, pasando de 80 a 160 millones de pesos anuales. Un estudio en terreno puede costar entre 30 y 40 millones de pesos por la complejidad técnica y logística. Para garantizar la probidad, hoy los proyectos son calificados por evaluadores externos y mediante un sistema de “evaluación ciega”, una mejora que nosotros mismos impulsamos tras evaluar los procesos de convocatoria.
¿Qué temas emergentes están marcando la pauta hoy?
La tecnología es un tema siempre importante y, por ello, el año pasado abordamos el impacto de la Inteligencia Artificial en la seguridad laboral. También realizamos estudios en sectores específicos y más vulnerables que otros no abordan. Por ejemplo, el estudio sobre jinetes de carrera reveló que, más allá de los accidentes, existe un riesgo grave de malnutrición y debilidad ósea debido a la presión por mantener pesos de entre 45 y 50 kilos. Asimismo, fuimos pioneros en investigar a los trabajadores de delivery antes de que existiera la ley que hoy los regula. En el norte, estamos cerrando estudios sobre la pesca de cerco y la pequeña minería, sectores donde la falta de estructuras preventivas sofisticadas ha derivado en accidentes fatales.
¿Cómo definen qué temas investigar? ¿Qué rol juegan los funcionarios en este ecosistema de estudios?
Ellos son nuestros ojos en el terreno. Durante diciembre y enero realizamos una convocatoria nacional donde los funcionarios de todo el país propusieron temas basados en su experiencia diaria con las realidades laborales. Esa información, sumada a nuestra red de académicos y talleres participativos con directores regionales, es lo que nos permite identificar vacíos de conocimiento antes de que se conviertan en riesgos críticos.
¿Qué hitos vienen pronto en la agenda?
Estamos con muchos desafíos. Primero, el ISL será el anfitrión del Seminario de Investigación e Innovación en Prevención, donde se presentarán los resultados de los proyectos de todos los organismos administradores de la Ley 16.744. Además, a mediados de abril realizaremos un evento especial sobre la Historia de la Investigación del Seguro, donde sistematizaremos cómo el conocimiento técnico ha ido integrándose a los procesos de trabajo en una sociedad cada vez más compleja. Junto a lo anterior, estamos comenzando seis proyectos adjudicados en 2025: una investigación en riesgos ocupacionales en taxis colectivos; otro de herramientas preventivas para la agricultura; la evaluación del impacto del Decreto Supremo 44 en micro y pequeñas empresas; y un meta-análisis sobre toda la producción de conocimiento en seguridad y salud laboral en Chile para identificar avances y vacíos.
En un escenario laboral cada vez más dinámico, el conocimiento se vuelve una herramienta clave para fortalecer el rol del Estado en la protección social. Anticipar riesgos, más que reaccionar a ellos, es hoy parte central de ese desafío.
